Un país sin ley de protección animal
Rodolfo Robinson responde la primera pregunta del episodio y con eso deja planteado todo lo demás: Ecuador no tiene una ley de protección animal, está en proyecto. Lo que hay es un mosaico de tres piezas. La Constitución de 2008, que reconoce a los animales como seres sintientes. El COIP, que sanciona ciertas conductas contra la fauna silvestre y urbana. Y las ordenanzas de cada municipio, que regulan lo demás con un alcance limitado: no pueden meter preso a nadie ni entrar a un predio privado.
La pieza que ordena el rompecabezas es la sentencia de la mona Estrellita. A raíz de ese fallo, la Corte Constitucional dispuso que los gobiernos autónomos descentralizados se encarguen del bienestar de la fauna urbana como paso previo a una ley nacional que todavía no llega.
Dieciocho años rescatando
Bianca Salame se involucró en el rescate a los 18 años y pasó por todas las etapas: voluntaria de fundación, carteles en la calle, pedir donaciones en la vía. En algún momento entendió que eso no alcanzaba, porque el abandono no es una suma de casos individuales sino un problema social y de salud pública, con raíces culturales y de educación. Su conclusión es que mientras la tenencia responsable no se enseñe desde la escuela y desde la casa, todo lo demás es remar contra la corriente.
Un hijo bebé de por vida
De ahí sale la idea que atraviesa la primera parte del episodio: así como una familia se prepara para tener un hijo —espera terminar de pagar la casa, hace el curso prematernal—, tener un animal exige la misma deliberación, porque es un ser que depende de vos para comer, para ir al veterinario y para pasear. Con una diferencia: el hijo humano crece; el animal es un hijo bebé de por vida. Jorge lo baja a lo doméstico con sus diez perros: educarlos le tomó tres meses de constancia y le cuesta un par de horas al día, y aun así asume lo que son —animales que a veces se pelean, camadas con dos alfas—.
Las colonias y el abandono
El tramo más territorial es el de las colonias de gatos. Jorge cuenta su experiencia en Manta: donaciones de latas de atún, jaulas trampa compradas de su bolsillo para esterilizar, y encargadas de colonia que se enojan cuando alguien de afuera viene a ayudar. Su propuesta es simple: que los municipios catastren las colonias y reconozcan formalmente a sus cuidadoras, porque hoy todo depende de voluntarias sin ningún respaldo.
El episodio de la colonia del pescador resume el problema institucional. Una campaña privada —influencers, tablas cortadas un fin de semana, casitas nuevas antes de las lluvias y 18 cachorros adoptados en un día— terminó en las noticias del municipio como si fuera un logro del departamento de bienestar animal.
Adentro del municipio
Bianca puede hablar de los dos lados porque estuvo en ambos: años como rescatista independiente y un paso por la coordinación de denuncias y rescates de la dirección de bienestar animal de Guayaquil. Desde adentro, dice, el diagnóstico cambia: hay presupuesto que no alcanza, procesos que atan las manos y una verdad incómoda que ella repetía siendo funcionaria: ninguna entidad pública va a ser suficiente para la demanda actual. Mientras el ciudadano crea que el problema es del municipio o del vecino, no se soluciona. Si hay un animal en la calle, es por culpa nuestra.
También pone sobre la mesa algo de lo que casi no se habla: la salud mental de quienes trabajan con animales. Ver todos los días casos ensangrentados que no se pueden ayudar, sin poder apagar el celular porque sos funcionaria pública, desgasta a cualquiera.
El pitbull de Samborondón
El caso que los conectó poco antes del episodio ilustra el circuito completo: un criador de Samborondón dejó en la calle a un pitbull que ya no le servía para reproducción. El perro, raspado por un carro, esperaba frente a la casa a que le abrieran. Los vecinos denunciaron, Jorge contactó a Bianca, y la respuesta municipal llegó en menos de una hora, pero el dueño escondió a los perros y reclamó a los vecinos por meterse en su vida.
Lo que hacen otras ciudades
La hija de Jorge vive en Alemania y paga —pagaba, hasta que su perrita murió— unos 180 euros al año de impuesto por una pomerania. A cambio: parques, áreas comunes para mascotas, una ciudad entera pet friendly y, en Colonia, ni un solo animal callejero. Adoptar allá también tiene filtros: si el animal va a quedarse solo más de ocho horas al día, no hay adopción.
Estambul es el otro espejo, opuesto y fascinante: una ciudad repleta de gatos callejeros que son de todos. Esterilizados en su mayoría, apadrinados por los barrios, durmiendo dentro de las boutiques. La leyenda del sultán que cortó su túnica para no despertar al gato que dormía sobre ella explica hasta las fuentes bajas de la ciudad.
La pregunta obvia es por qué nada de eso pasa aquí, y la respuesta de la mesa es el costo político: ningún alcalde quiere firmar la ordenanza que cobre por tener mascota, aunque diez años después la ciudad se lo agradecería.
Tutor, no dueño
Antes de llegar al caso central, Robinson deja el fundamento jurídico. El Código Civil, que es antiguo, trata a los animales como semovientes: cosas que se mueven. Pero la Constitución de 2008 los reconoce como seres sintientes, y eso cambia la relación: no sos dueño de tu perro, sos su tutor. La diferencia no es semántica: la responsabilidad se vuelve exigible y, si sos irresponsable, te lo pueden quitar. Lo que sigue faltando es la sanción ejemplar: las penas del COIP por matar a un animal se miden en meses.
Esa fragilidad aparece en dos historias de puertas cerradas. La franquicia que no dejó entrar al perro de asistencia de un influencer no vidente —“no es mi mascota, es mi perro de servicio”, explicaba él mientras lo sacaban— y el día que a Jorge lo echaron de un centro comercial con Coco, su cachorro de dos meses, dentro de un kennel. Ni la oferta de dejarlo en el carro con el aire prendido le aceptaron. Bianca reparte la culpa: los negocios desconfían porque los tutores malcriados no recogen la caca ni educan a sus perros, y pagamos todos.
El tramo final: criaderos, refugios y un juicio
La última parte del episodio encadena los temas más duros. El debate sobre prohibir los criaderos y la reproducción de razas que viven enfermas por su propia genética. Los refugios privados desbordados con cientos de perros. Y el caso impune que indigna a la mesa: una mujer sacó a su perro y lo llevó a que atacara y matara a la yorkshire de una vecina, y no pasó nada, porque es la esposa de un juez.
El habeas corpus de Capuccino
El cierre es la historia que da título al episodio, contada por el abogado que la llevó. La tutora de Capuccino viajó a España y dejó al cachorro, con toda confianza, encargado a una señora. La señora se encariñó y no quiso devolverlo: un presunto secuestro, bromea la mesa, con la dueña desesperada a un océano de distancia.
Robinson decidió plantear un habeas corpus —un recurso pensado para personas privadas de libertad— a favor de un perro. Sus colegas le decían que estaba loco; hasta él mismo lo dudó. Pero el caso llegó a un juzgado, el primero en Ecuador por una mascota doméstica, y el juez falló reconociendo a Capuccino como persona no humana y disponiendo su devolución. El precedente de la mona Estrellita abrió la puerta; Capuccino la cruzó. Queda pendiente lo que la mesa pide todo el episodio: que esa protección no dependa de un abogado dispuesto a que lo llamen loco, sino de una ley.
